HACIA UN ACUERDO HUMANITARIONO MÁS MENSAJES DE OBSTINACIÓN Y ODIO El Colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad de Antioquia (CODEHSEL) que agrupa organizaciones de derechos humanos y sociales, de desplazados, de víctimas de la desaparición forzada, campesinos, de estudiantes, DEPLORA la muerte de los once diputados de la Asamblea del Valle en hechos ocurridos el día 18 de junio pasado y se SOLIDARIZA con al sentimiento de dolor de todos los familiares que han persistido infatigablemente en el rechazo a un rescate por la vía militar y por un ACUERDO HUMANITARIO que ha sido truncado por las Partes del conflicto armado colombiano. Llamamos a la Sociedad Colombiana en estos momentos de consternación a no desfallecer en la búsqueda de SALIDAS POLITICAS al conflicto armado, partiendo por reconocer su existencia y la de las Partes involucradas en el accionar militar que durante décadas ha desencadenado en innumerables hechos de violación de los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario.   El Gobierno Nacional insiste en negar la existencia del conflicto armado y sin embargo, implementa la política de seguridad democrática, estimulando la militarización de la vida civil a través del incremento del pie de fuerza y expandiendo la actividad bélica por medio de operaciones militares que han provocando la violación al derecho a la vida de cientos de civiles que son mostrados a la opinión pública como delincuentes “muertos en combate”. La Gobernación de Antioquia ha recibido denuncias de 311 casos de ejecuciones extrajudiciales desde el año 2004 a junio de 2006 en las que están comprometidas las Fuerzas Militares y de Policía. En el periodo que sigue hasta mayo de 2007 el número de denuncias conocidas por esta instancia departamental supera los 50 casos. Por la misma vía, el número de personas desaparecidas se ha incrementado al igual que el de detenidos arbitraria e ilegalmente.  Por su parte, la insurgencia colombiana mantiene sus estructuras militares y su incidencia en determinadas zonas del territorio nacional y se expresa a través de medios bélicos  indicativos de su capacidad militar contra el Estado que afectan, en muchos casos a la población civil al realizar retenciones y homicidios por fuera de combate.  Por ello, URGE en la sociedad colombiana recuperar como consigna de la movilización y lucha social que se pare la guerra en la que están comprometidos  el Estado Colombiano y los grupos guerrilleros y llegar a negociaciones políticas sobre las causas que lo originaron y lo mantienen. Y a promover un acuerdo humanitario como instrumento en medio de la confrontación bélica para reducir las afectaciones a la población civil que conlleve a la recuperación de la libertad de las personas privadas de ella, a la no utilización de bienes civiles y de culto religioso, a no provocar el desplazamiento forzado de personas y el respeto irrestricto al derecho a la vida de quienes están por fuera de las hostilidades o colocados en situación de indefensión.  Llamamos al Estado Colombiano a no utilizar la tragedia que enluta a los familiares de los exdiputados de la Asamblea del Valle y su sufrimiento, como medio de difusión en contra de cualquier posibilidad de un acuerdo humanitario y de apoyo a las medidas militaristas del Gobierno Nacional. Es un derecho de la sociedad colombiana saber cómo y por qué sucedieron los hechos y exigir responsabilidades y sanciones penales y políticas a los responsables, así como recuperar los cuerpos de los exdiputados. Por ello es prioritario la conformación de una comisión imparcial que facilite esa misión y el esclarecimiento de los mismos. Expresamos nuestra indignación por las palabras del Ministro del Interior y de Justicia Carlos Holguín Sardí por su irrespeto a las familias de los exdiputados de la Asamblea del Valle quienes manifestaron en un comunicado conjunto que sus familiares habían muerto ante la mirada indolente del Presidente Alvaro Uribe Vélez al negarse al acuerdo humanitario, calificando a LAURA CHARRY, hija del diputado fallecido Carlos Alberto Charry como “inmadura y llena de sentimientos”.  Esta posición del Gobierno Nacional denota el desprecio por el dolor de las víctimas y la negativa a escuchar sus reclamos y propuestas.      A la comunidad internacional le solicitamos se acerque a las iniciativas de las víctimas y se convierta en un canal mediador para el acuerdo humanitario y la salida política al conflicto armado. En ese sentido, insistir nuevamente en la presencia de un Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para asuntos de paz que recupere la confianza de las Partes y avance hacia salidas políticas que superen la guerra.  Deseamos que todos los estamentos de la vida civil, económica y política que se unen a la movilización en rechazo al secuestro y por la libertad de quienes están en cautiverio y la recuperación de los cuerpos de los exdiputados, también exijan el acuerdo humanitario y un no rotundo al rescate militar, a lo que también nos sumamos. Además que  emprendan con el mismo entusiasmo acciones públicas y visibles en contra del paramilitarismo que aún sigue activo, la desaparición forzada de personas, el desplazamiento forzado de campesinos, indígenas y afrodescendientes, contra las torturas, tratos crueles e inhumanos y las ejecuciones extrajudiciales.  También llamamos a que en todas las dependencias oficiales, empresas, la iglesia,  organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, sindicatos, etc., se manifiesten expresiones que denoten el compromiso ineludible por los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas del conflicto armado y los crímenes de Estado.  Medellín, Julio 5 de 2007   

COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS SEMILLAS DE LIBERTAD

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