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CAUCA:AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTOS CONTRA LÍDERES SOCIALES Y COMUNITARIOS DE LA SALVAJINA

 

 

CAUCA: AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTOS
CONTRA L
ÍDERES SOCIALES Y COMUNITARIOS DE LA SALVAJINA Antecedentes: En el año 1985 se construye el embalse Salvajina como proyecto estatal administrado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC. Sin embargo con la implementación de la Ley 99 de 1993 se separa a la CVC la potestad de administrar las funciones de medio ambiente y energía eléctrica y se le delega solo el componente medioambiental, creando la Empresa de Energía del Pacífico EPSA para cubrir la parte de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. En noviembre del año 2000 el grupo español UNIÓN FENOSA adquiere el 62.64% de propiedad de la EPSA. Asumiendo el control de la producción de energía y el recurso hídrico en el pacífico vallecaucano a través del embalse Salvajina, la hidroeléctrica Anchicayá, las plantas Riofrío I y II, así como todos los demás proyectos energéticos del departamento del Valle del Cauca y el Norte del Cauca. Adicionalmente UNIÓN FENOSA desarrolla las actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica en la costa norte de Colombia, por medio de las participaciones en Electrocosta (70.45%) y Electrocaribe (71.52%), empresas que igualmente adquirió en el año 2000, lo que convierte a esta multinacional en la propietaria de un gran porcentaje del recurso energético e hídrico del país. Es así como la construcción del embalse Salvajina deja a su paso enormes impactos en términos sociales, económicos, culturales y ambientales para las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas de los municipios de Suárez, Buenos Aires y Morales, ancestrales habitantes de este territorio. No suficiente con la tragedia vivida por Salvajina, en el año 1991 la CVC presenta el proyecto de desviación del Río Ovejas para abastecer de recurso hídrico al embalse. En ese entonces Suárez hacía parte del municipio de Buenos Aires y el alcalde de esta localidad se negó a la viabilización del proyecto. En los años 1993 y 1994 la Empresa de Energía del Pacífico EPSA reciente propietaria del embalse, apoyada en estudios de la Universidad del Cauca presenta nuevamente el proyecto, y es entonces la comunidad la que se opone a su puesta en marcha, la comunidad se apoya en la naciente ley 70 de 1993. El alcalde en esta ocasión se parcializó y puso al sector de los comerciantes y transportadores del municipio en contra de los líderes que abanderaban la oposición al proyecto de manera que se les negaba la venta de alimentos y demás artículos y se les negaba el transporte hasta la zona rural y urbana. En ese entonces la presencia de los grupos armados no era tan evidente, de manera que la confrontación era directa hacia la comunidad por parte de la EPSA y la administración municipal. En el año 1995 se realiza una audiencia pública en la vereda Yolombó donde participan representantes del Ministerio del Medio ambiente, Ministerio de Minas y energía, y la EPSA, de esta audiencia resulta la urgencia de un estudio de impacto ambiental con participación de la comunidad donde se determinen las consecuencias del desarrollo del proyecto. En el año 1996 se hace la evaluación y consultiva en el norte del Cauca, arrojando que el proyecto DROES no es viable y generaría unos impactos nefastos de tipo económico, cultural, social y ambiental a la comunidad habitante de las riberas del Río. Para la realización del estudio se contrata a algunas personas de la comunidad para que participen de la evaluación del proyecto. Como esta evaluación arroja resultados negativos para la EPSA la empresa no cancela los costos de contratación a los participantes de la comunidad, de manera que esta deuda aún es vigente. En el año 1997 la confrontación se vuelve frontal a través de estrategias como la minería ilegal a manos de Crisanto Mora, Juan de Dios Mosquera, los hermanos Roldán y Jesús Amado Sarria, personas puestas por la empresa para entorpecer el proceso comunitario de oposición. El 7 de diciembre de 1997 el gobierno nacional convoca a la protocolización de la consulta donde las comunidades expresan no estar de acuerdo con el proyecto y es así como un día antes (6 de diciembre) la EPSA archiva el proyecto hasta diciembre del año 2004 y lo reabre con el auto 1223 de ese mismo año. En el año 2004 llegan a la vereda Yolombó algunos panfletos anónimos donde amenazan a cuatro (4) de los líderes más representativos del proceso. En ese momento se iba a reiniciar la consulta para la desviación del Río y ya existía presencia evidente de paramilitares del Bloque Calima en toda la zona de influencia del proyecto DROES, asentados en la vereda Munchique municipio de Buenos Aires, en límites con el municipio de Suárez. Hechos recientes En el mes de mayo del año 2006 las comunidades de estos tres municipios impactadas por la construcción del embalse Salvajina y el proyecto de desviación del río Ovejas, deciden después de un proceso de un año y medio de trabajo conjunto acompañado por la Campaña de Derechos Humanos Prohibido Olvidar, movilizarse hasta la ciudad de Cali para exigir la instalación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos asumidos por el gobierno nacional, la CVC y la EPSA, los cuales hasta la fecha no han sido cumplidos. La movilización de mayo de 2006 visibilizó a los líderes más representativos del proceso en contra de la multinacional EPSA. Posterior a esta movilización se han desencadenado una serie de acontecimientos que ponen en situación de vulnerabilidad a comunidad y sus líderes. A partir de esta fecha los líderes comunitarios, se han visto afectados por una especie de señalamiento en la que los comerciantes y transportadores se niegan a brindarles sus servicios por ser líderes comunitarios del proceso sean campesinos, indígenas, afrodescendientes o mineros. En muchas ocasiones se han visto obligados por razones de seguridad a salir de sus territorios y desplazarse a hacia la ciudad de Cali.  En los últimos meses la zona está siendo frecuentada por hombres que se movilizan en camionetas doble cabina de color gris con vidrios polarizados, generalmente en horas de la tarde, llegan por la carretera Antigua Vía Férrea que comunica Yolombó con la vereda Gelima. En el mes de julio 2006 dos jóvenes de aproximadamente 24 años de edad, con tez mulata, desconocidos en la región, acento costeño, vestidos con jeans, camisa negra y botas brahma abordan a Alexa Leonor Mina (esposa del señor Lissifrey Ararat) y le preguntan por el paradero de LISSIFREY ARARAT, EDWARD MINA y ERLEY IBARRA. La señora Mina niega conocer a las personas por las que le preguntan y los dos sujetos se marchan dejando la siguiente observación: “estas personas son los sapos de la vereda, quitan y ponen, y aunque no los encontramos esta vez, vamos a volver por ellos”. Alexa Mina alerta inmediatamente a su esposo y a las otras dos personas sobres esta situación. En agosto de 2006 llegan cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas de alto cilindraje, hasta el barrio Pueblo Nuevo del corregimiento La Toma en el municipio de Suárez, preguntan por el lugar de residencia del señor EDWARD VILLEGAS y piden información sobre los lugares que frecuenta y los horarios que maneja. En noviembre de 2006, mientras se desarrollaba una reunión del Comité Pro Defensa en la caseta comunal del corregimiento La Toma, llegan cuatro hombres, tres de ellos con rasgos indígenas y el cuarto hombre de tez negra. Estos hombres se movilizaban en un carro blanco marca Nissan de placas blancas. Cabe enunciar que en esta zona las placas blancas son portadas por vehículos de la Empresa de Energía del Pacífico EPSA S.A. contra quienes la comunidad ha venido desarrollando denuncias y reclamos por la situación del embalse Salvajina. Los mencionados hombres preguntan por el presidente del Comité y por la frecuencia de las reuniones. Edward Villegas los aborda diciendo que el presidente no se encontraba en ese momento. Los hombres tras escuchar la respuesta intercambian miradas y se marchan del lugar. En diciembre de 2006, dos hombres ingresan arbitrariamente a la residencia de JAIRO CHARÁ miembro del Comité Pro Defensa y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, propinándole golpes y haciendo un disparo en el piso, los hombres huyen internándose en el monte. Ese mismo mes dos hombres ingresan en horas de la noche a la vivienda del secretario del Comité Pro Defensa. Estos hombres se encontraban armados con guacharacas (escopetas) y se movilizaban a pie. El secretario no se encontraba en ese momento en su lugar de residencia, entonces intimidan a su hermano preguntando por su paradero, revisan la vivienda y luego se retiran.  Enero 2007, llegan tres motos con seis hombres hasta un establecimiento público ubicado en el sitio llamado “Mata de Guadua” en el corregimiento La Toma, dejan las motos prendidas y entran al lugar revisando con las miradas a quienes se encontraban allí, posteriormente se retiran. Enero 20 de 2007, en horas de la noche Edward Villegas venía de la cabecera municipal de Suárez cuando lo encuentran en un sitio llamado “El Chorrito” cuatro hombres con los rostros cubiertos por medias veladas, que lo rodean golpeándolo mientras decían “ustedes de derechos humanos qué hacen defendiendo rateros” uno de ellos lo identifica, le dejan de golpear y salen huyendo internándose en los matorrales. En el mes de febrero de 2007 el presidente del consejo comunitario de La Toma recibe dos llamadas por desconocidos uno de los cuales se identifica como miembro del DAS y le pregunta acerca de la situación minera de la zona. El otro que llama se identificó como miembro de la Fiscalía preguntándole por un poblador de la comunidad. El día 26 de abril, después de una reunión entre los mineros del municipio de Suárez y empleados de la empresa Kedahda, la trabajadora social de esta sociedad María Isabel Abad señala al líder comunitario LISSIFREY ARARAT diciendo que anda difamando la empresa Kedahda y que no es minero sino perteneciente a algún grupo político. El día 12 de mayo de 2006 desconocidos entran en la casa del Fiscal de la Junta de Accion Comunal de Yolombó, municipio de Suarez encotrándola inesperadamente vacía. Dejan entonces un mensaje escrito que dice: “tuviste suerte porque no te encontramos”. Algunos dias antes del encuentro regional minero del Cauca, realizado el 20 y 21 de mayo en el casco urbano de Buenos Aires los organizadores del evento reciben llamadas por parte de personal del DAS preguntando informaciones acerca de la actividad. En el Encuentro un desconocido intenta infiltrarse abusivamente haciéndose pasar como miembro de una de las comunidades participantes. Al ser descubierto huye. Días después miembros de la comunidad lo identifican como personal adscrito al esquema de seguridad de la señora Maria Isabel Abad, trabajadora social de la empresa Kedahda. El 28 de mayo, después de una reunión entre la comunidad y representantes de sociedad Kedahda se escuchan de parte de estos últimos hacer comentarios acerca de dos diistinguidos líderes de la comunidad diciendo que costituyen un obstáculo para el ingreso de la multinacional y que por esto es necesario neutralizarlos El dia 7 de Junio de 2007 en el desarrollo del Cabildo Abierto en horas de la mañana llegaron al casco urbano del municipio de Suárez 120 agentes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, una tanqueta y un vehículo de la policía nacional procedente de la ciudad de Cali, los cuales se posicionaron frente a la alcaldía. Los agentes del ESMAD se presentaron armados con armas de asalto, tales como fusiles Galil y ametralladoras Punto 50, constituyendo una gravísima amenaza para los pobladores del municipio y una extralimitación de las funciones de este escuadrón, que no ha sido creado para actuar a través de este tipo de armas de guerra 

FRENTE A ESTOS HECHOS, EXIGIMOS:

 1.      Que a través de las instituciónes competentes se le haga seguimiento a dichas amenazas y la situación de riesgo, amenazas, persecución y hostigamientos de los que viene siendo objeto los  líderes comunitarios del Municipio de Suárez en el departamento del Cauca.  2.      Que se realicen seguimientos estrictos a las actuaciones de las instancias gubernamentales para que inicien las investigaciones pertinentes en contra de las actuaciones de la gerencia general de la EPSA S. A, Unión Fenosa.  3.      Se permita el libre ejercicio de asociación a los pobladores del municipio de Suárez. Comunidad de Suárez –CaucaJunio de 2007

 

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   RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD - COLOMBIA
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